I. Prefacio
La
Declaración de Amsterdam cristaliza un momento importante de la
evolución del pensamiento europeo en el ámbito de la conservación del
patrimonio arquitectónico.
Lo que sorprende en esta evolución es la ampliación de esta noción.
Limitada
al monumento, sitio o conjunto de interés preferente, la noción de
patrimonio arquitectónico abarca hoy todos los conjuntos construidos, se
presentan como una entidad, no solamente por la coherencia de su estilo,
sino también por la huella de la historia de los grupos humanos que
allí han vivido durante generaciones.
El
Congreso de Amsterdam ha confirmado esa tendencia a abolir toda
segregación jerárquica entre los conjuntos de mayor interés artístico y
los de menor interés.
La
conservación del patrimonio arquitectónico entra así de pleno derecho
en el marco de una política global y democrática del medioambiente.
Por
otra parte, se manifiesta claramente que la exigencia de esta
conservación es una exigencia vital, porque está motivada por una
necesidad profundamente humana: vivir en un universo que siga siendo
familiar, a la vez que integrador del cambio deseable e inevitable.
La
calidad de un ambiente tan apreciada por los extraños o el aire de
familia tan querido para los autóctonos son términos abstractos que, sin
embargo, traducen una realidad profundamente enraizada en el tiempo: la
acumulación de estratos, depositados por muchas generaciones, de una
existencia marcada por un cierto grado de continuidad.
Ignorar
la necesidad de respetar el equilibrio de los agrupamientos y
asentamientos humanos formados a lo largo de los años, es abrir el
camino al desequilibrio síquico de los individuos y a los traumatismos
sociales. Nuestra época, tan rica en desconciertos, a menudo impuestos
por los que no piensan más que en términos de rendimiento y provecho,
nos proporciona pruebas cotidianas de este peligro.
En
consecuencia, la conservación del carácter de los conjuntos históricos
es indisociable de una política social del hábitat, es decir, de una
política que tiene en cuenta los derechos de los residentes
tradicionales económicamente débiles en un lugar de vida familiar
saneado y mejorado. Citemos a este propósito la Resolución 598 de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, relativa a los aspectos
sociales de la salvaguardia del patrimonio arquitectónico.
El
coste de una política de esta índole puede ser, en opinión de algunos,
desproporcionado en relación con los medios de que disponen los poderes
públicos. Es por ello que conviene, cuando se emprenden obras de interés
colectivo (como la preservación de un ambiente construido de calidad o
reconocido como tal), determinar cuidadosamente cuáles son las partes
que incumben, respectivamente, a los recursos privados y a las finanzas
públicas.
Además,
e independientemente de la fuente de financiación, la conservación del
patrimonio arquitectónico, concebida, como debe ser, en la escala de una
operación de rehabilitación urbana, no cuesta necesariamente más cara
que la construcción o la reconstrucción tras la demolición de conjuntos
inmobiliarios modernos provistos de las infraestructuras necesarias.
El
programa europeo de realizaciones ejemplares y las confrontaciones del
Consejo de Europa han ofrecido análisis de casos que demuestran
concretamente el interés económico de las operaciones de rehabilitación.
En
un momento en el que se toma conciencia de la necesidad de moderar el
crecimiento, de utilizar y reutilizar lo existente ¿se va a admitir por
fin que la conservación, lejos de ser sinónimo de conservadurismo, es un
instrumento indispensable de una política de cambio con rostro humano?
Todas
estas verdades, progresivamente esclarecidas a lo largo de doce años de
trabajo realizado en el seno del Consejo de Europa, han conocido su
consagración en el Congreso de Amsterdam que ha tenido el mérito de
reunir a eminentes personalidades de todos los medios políticos y
profesionales implicados, representando no sólo a Europa Occidental,
sino también a Europa Oriental, a los Estados Unidos y a Canadá.
Es importante ahora que el
impulso dado por el Consejo de Europa, gracias a la organización de este
Congreso, sea mantenido y reforzado.
Es importante que los
gobiernos tomen nota de la enseñanza que se puede extraer del Congreso y
destinen a la conservación del patrimonio nacional medios proporcionados a la
amplitud de sus tareas.
Una opción política y
económica semejante implica el apoyo de la opinión pública. Ésta es ya consciente
del valor de un patrimonio construido, que, por sus estructuras y formas,
responde a la variedad de necesidades y de gustos. En el origen de esta toma de
conciencia, conviene subrayar el papel determinante de las campañas nacionales
llevadas a cabo en el marco de este año 1975, declarado por el Consejo de
Europa Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico 1975. Sin
embargo, los gobiernos deberán proseguir sus esfuerzos manteniendo los comités
nacionales o dotándose de instrumentos que tengan una
eficacia análoga. A ellos
corresponderá difundir lo más ampliamente posible la Carta Europea del
Patrimonio Arquitectónico del Consejo de Europa, texto destinado al gran
público y que ellos han adoptado por unanimidad.
En consecuencia, la
realización de la conservación integrada necesita dos condiciones
previas: una opinión pública consciente y vigilante y unos medios presupuestarios
adecuados.
De acuerdo con estas
condiciones las empresas de construcción, deberán esforzarse en adaptar sus
estructuras y métodos a las exigencias de las obras de restauración y mantenimiento.
Asimismo, la consideración
de estas condiciones facilitará una perspectiva de estabilidad del empleo en
este sector y permitirá resolver el problema, muy grave y prioritario, de la
penuria de arquitectos y urbanistas especializados, así como de la mano de obra
cualificada.
De este modo, finalmente,
las verdades aplaudidas en Amsterdam terminarán por imponerse.
La misión del Consejo de
Europa es la de profundizar en estas verdades, logrando con ello -más que en el
pasado- catalizar y coordinar el esfuerzo de los Estados miembros.
Georg Kanh-Ackermann
Secretario General del
Consejo de Europa
II.
Declaración
El Congreso de Amsterdam,
coronación del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico 1975, habiendo
reunido a los delegados venidos de toda Europa, acoge calurosamente la Carta
Europea del Patrimonio Arquitectónico, promulgada por el Comité de Ministros
del Consejo de Europa, que reconoce que la arquitectura única de Europa es el
patrimonio común de todos sus pueblos y afirma la intención de los Estados
miembros de cooperar entre ellos y con los otros Estados europeos para
protegerlo.
De la misma manera el
Congreso afirma que el patrimonio arquitectónico de Europa es parte integrante
del patrimonio cultural de todo el mundo y observa con satisfacción el empeño
mutuo en favorecer la cooperación y los intercambios en el ámbito de la
cultura, contenido en el Acta final de la Conferencia sobre la Seguridad y
la Cooperación en Europa adoptada en Helsinki en julio de este año.
Al hacer esto, el Congreso
pone el acento en las siguientes consideraciones esenciales:
a) Además de su
inestimable valor cultural, el patrimonio arquitectónico de Europa conduce a
todos los europeos a tomar conciencia de una historia y un destino común. Su conservación
reviste, pues, una importancia vital.
b) Este patrimonio
comprende no sólo los edificios aislados de un valor excepcional y su marco,
sino también los conjuntos, los barrios de ciudades y las ciudades que
presentan un interés histórico o cultural.
c) Al constituir estas
riquezas el bien común de todos los pueblos de Europa, éstos tienen el deber
común de protegerlas de los peligros crecientes que las amenazan - negligencia
y ruina, demolición deliberada, nuevas construcciones sin armonía y circulación
excesiva-.
d) La conservación del
patrimonio arquitectónico debe ser considerada no como un problema marginal,
sino como objetivo principal de la planificación urbana y de la ordenación del
territorio.
e) Los poderes locales, a
los que incumbe la mayor parte de las decisiones importantes en materia de
planificación, son especialmente responsables de la protección del patrimonio
arquitectónico y deben ayudarse mutuamente mediante intercambios de ideas y de
informaciones.
f) La rehabilitación de
los barrios antiguos debe ser concebida y realizada, en la medida de lo
posible, de forma que no modifique sustancialmente la composición social de los
residentes y que todos los estratos de la sociedad se beneficien de una
operación financiada mediante fondos públicos.
g) Las medidas
legislativas y administrativas necesarias deben ser reforzadas y mostrarse más
eficaces en todos los países.
h) Para hacer frente a los
costes de la restauración, planificación y mantenimiento de los edificios y
sitios de interés arquitectónico o histórico, debe ponerse a disposición de los
poderes locales y de los propietarios privados una ayuda financiera adecuada;
además, para
estos últimos, deberían
ser previstas desgravaciones fiscales.
i) El patrimonio
arquitectónico sobrevivirá sólo si es apreciado por el público y especialmente
por las nuevas generaciones. Los programas de educación deben, pues, preocuparse
más de esta materia en todos los niveles.
j) Conviene animar a las
organizaciones privadas, internacionales, nacionales y locales para que
contribuyan a despertar el interés del público.
k) La arquitectura de hoy,
al constituir el patrimonio del mañana, debe poner todos los medios para asegurar
una arquitectura contemporánea de alta calidad. El Comité de Ministros,
habiendo reconocido en la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico
que incumbe al Consejo de Europa asegurar la coherencia de la política de sus
Estados miembros y promover su solidaridad, considera esencial que se
establezcan relaciones periódicas sobre el estado del avance de los trabajos de
conservación arquitectónica en los países europeos, bajo una forma que permita
el intercambio de experiencias.
El Congreso hace un
llamamiento a los gobiernos, parlamentos, instituciones espirituales y
culturales, institutos profesionales, empresas comerciales e industriales, asociaciones
privadas y a todo ciudadano, para que aporten su pleno apoyo a los objetivos de
esta Declaración y pongan todos los medios para asegurar su aplicación.
Solamente así se
conservará el patrimonio arquitectónico irreemplazable de Europa para el
enriquecimiento de la vida de todos sus pueblos en el presente y en el futuro. Al
final de sus debates el Congreso expone las siguientes conclusiones y recomendaciones:
Nuestra sociedad deberá,
en breve plazo, renunciar al patrimonio arquitectónico y a los sitios que
constituyen su marco tradicional de vida, si no se pone en marcha con urgencia
una nueva política de protección y conservación integrada de este patrimonio.
Lo que importa proteger hoy son las ciudades históricas, los barrios urbanos
antiguos y las ciudades de tradición, comprendidos los parques y jardines
históricos. La protección de estos conjuntos arquitectónicos no puede ser
concebida más que desde una perspectiva global, teniendo en cuenta todos los
edificios que tienen valor cultural, desde los más prestigiosos a los más
modestos, sin olvidar los de la época moderna, así como el marco en que se
inscriben. Esta protección global completará la protección puntual de los monumentos
y sitios aislados.
El significado del
patrimonio arquitectónico y la legitimidad de su conservación son ahora mejor
percibidos. Se sabe que la preservación de la continuidad histórica del medioambiente
es esencial para la conservación o creación de un marco de vida que permita al
hombre encontrar su identidad y experimentar un sentimiento de seguridad frente
a las mutaciones brutales de la sociedad: un nuevo urbanismo trata de volver a encontrar
los espacios cerrados, la escala humana, la interpretación de las funciones y
la diversidad socio-cultural que caracterizan los tejidos urbanos antiguos.
Pero se descubre también que la conservación de los edificios existentes
contribuye a la economía de los recursos y a la lucha contra el despilfarro,
una de las grandes preocupaciones de la sociedad contemporánea. Se ha
demostrado que los edificios antiguos pueden recibir nuevos usos, dando
respuesta a las necesidades de la vida contemporánea. A esto se añade que la conservación
recurre a artistas y artesanos muy cualificados cuyo talento y saber hacer deben
ser mantenidos y transmitidos. Finalmente, la rehabilitación del hábitat
existente contribuye a reducir la invasión de terrenos agrícolas y permite
evitar o atenuar sensiblemente los desplazamientos de la población, lo que
constituye un beneficio social muy importante de la política de conservación.
Aunque, por todas estas
razones, la legitimidad de la conservación del patrimonio arquitectónico se
presente hoy con una fuerza nueva, es necesario fundamentarla sólida y definitivamente;
debe, pues, dar lugar a investigaciones de carácter fundamental y estar incluida
en todos los programas de educación y de desarrollo cultural.
1.-La
conservación del patrimonio arquitectónico: uno de los objetivos principales de
la planificación urbana y de la ordenación del territorio
La planificación urbana y
la ordenación del territorio deben integrar las exigencias de la conservación
del patrimonio arquitectónico y no tratarla de forma fraccionaria o como un elemento
secundario, como ha sucedido a menudo en el pasado reciente. A partir de ahora,
es indispensable un diálogo permanente entre los conservadores y los
urbanistas.
Los urbanistas deben
reconocer que los espacios no son equivalentes; es necesario tratarlos según
las características que les son propias. El tener en cuenta los valores estéticos
y culturales del patrimonio arquitectónico debe conducir a fijar para los
conjuntos antiguos objetivos y normas de acondicionamiento especiales. No se
deben limitar a superponer, sin coordinarlas, las normas ordinarias de
planificación y las normas especiales de protección de edificios históricos.
Con el fin de hacer
posible esta integración, conviene elaborar el inventario de los monumentos,
conjuntos arquitectónicos y sitios, incluyendo la delimitación de zonas periféricas
de protección. Sería deseable que estos inventarios fueran ampliamente difundidos
especialmente entre las autoridades regionales y locales, así como entre los responsables
de la ordenación del territorio y del urbanismo, con el fin de llamar su atención
sobre los edificios y zonas dignas de ser protegidas. Un inventario de estas características
proporcionará una base realista a la conservación, ya que constituye un elemento
cualitativo fundamental para la gestión de los espacios.
La política de ordenación
regional debe integrar las exigencias de la conservación del patrimonio
arquitectónico para contribuir a la misma. Puede, en particular, estimular a
las nuevas actividades a implantarse en zonas de declive económico, a fin de
frenar su despoblación y, por lo tanto, impedir la degradación de los edificios
antiguos. Por otra parte, las decisiones tomadas para el desarrollo de las
periferias de las ciudades deben estar orientadas de tal manera que atenúen las
presiones que se ejercen sobre los barrios antiguos. A este respecto las
políticas concernientes a los transportes, al empleo y a una mejor distribución
de los focos de actividad urbana pueden tener incidencias importantes en la
conservación del patrimonio arquitectónico.
La plena expansión de una
política continua de conservación exige una amplia descentralización y la toma
en consideración de las culturas locales. Esto supone la existencia de
responsables de la conservación a todos los niveles (centrales, regionales y locales)
allí donde se tomen decisiones en materia de ordenación. Pero la conservación
del patrimonio arquitectónico no debe ser solamente una cuestión de expertos.
El apoyo de la opinión pública es esencial. La población debe, sobre la base de
una información objetiva y completa, participar realmente desde la elaboración
de los inventarios hasta la preparación de la toma de decisiones.
Finalmente, la
conservación del patrimonio se inserta en una nueva perspectiva general, atenta
a nuevos criterios de calidad y medida y que debe permitir desechar en lo sucesivo
alternativas y objetivos, muy a menudo determinados por el corto plazo, por una
visión estrecha de la técnica y al fin de cuentas por una concepción desfasada.
2.- La
conservación integrada compromete la responsabilidad de los poderes locales y
apela a la participación de los ciudadanos
Los poderes locales deben
tener competencias precisas y amplias en materia de protección del patrimonio
arquitectónico. Al aplicar los principios de una conservación integrada,
deben tener en cuenta la continuidad de las realidades sociales y síquicas
existentes en las comunidades urbanas y rurales. El futuro no puede ni debe ser
construido a costa del pasado.
Para establecer una
política semejante, respetando con inteligencia, sensibilidad y economía el
medioambiente construido por el hombre, los poderes locales deben:
- Apoyarse en un análisis
del tejido de los conjuntos urbanos y rurales, especialmente su estructura, sus
complicadas funciones, así como las características arquitectónicas y
volumétricas de sus espacios construidos y abiertos;
- Atribuir a los edificios
las funciones que, respetando en todo su carácter, respondan a las condiciones
de vida actual y garanticen así su supervivencia;
- Estar atentos al hecho
de que los estudios de sondeo sobre la evolución de los servicios públicos
(educativos, administrativos, médicos) demuestran que el gigantismo es desfavorable
para su calidad y su eficacia;
- Consagrar una parte
apropiada de su presupuesto a esta política. En este contexto deberán solicitar
de los gobiernos la creación de fondos específicos. Las subvenciones y préstamos
concedidos a los particulares y a las diversas agrupaciones por los poderes locales
deberán estimular el empeño moral y financiero de éstos;
- Designar delegados
responsables para todos los asuntos que conciernan al patrimonio arquitectónico
y a los sitios;
- Establecer organismos de
utilidad pública, creando un vínculo directo entre los usuarios potenciales de
los edificios antiguos y sus propietarios;
- Facilitar la formación y
el funcionamiento eficaz de asociaciones interesadas en la restauración y en la
rehabilitación.
Los poderes locales deben
perfeccionar sus técnicas de consulta para conocer la opinión de los grupos
implicados en los planes de conservación y tenerla en cuenta desde la elaboración
de sus proyectos. En el marco de la política de información al público, ellos deben
tomar sus decisiones a la vista y con conocimiento de todos, empleando un
lenguaje claro y accesible a todos, a fin de que la población pueda conocer,
discutir y apreciar los motivos de las decisiones. Deberán ser previstos
lugares de encuentro para la concentración
pública.
En este sentido el
recurrir a reuniones públicas, a exposiciones, a sondeos de opinión, a los
medios de comunicación y a todos los otros medios apropiados, debería convertirse
en una práctica corriente.
La educación de los
jóvenes en el ámbito del medioambiente y su asociación a todas las tareas de
salvaguardia constituye uno de los mayores imperativos de la acción municipal.
Las proposiciones
complementarias o alternativas presentadas por las agrupaciones o por los
particulares deberán ser consideradas como una contribución apreciable a la planificación.
Finalmente, los poderes
locales tienen gran interés en comunicarse sus experiencias respectivas. En
consecuencia, deberán establecer un intercambio constante de información y de
ideas a través de todas las vías posibles.
3.- La toma en
consideración de los factores sociales condiciona el éxito de toda política de
conservación integrada
Una política de
conservación implica también la integración del patrimonio arquitectónico en la
vida social.
El esfuerzo de
conservación debe ser valorado no sólo en relación con el valor cultural de los
edificios, sino también con su valor de uso. Los problemas sociales de la conservación
integrada sólo pueden ser resueltos mediante una referencia combinada de estas
dos escalas de valor.
La rehabilitación de un
conjunto, que forma parte del patrimonio arquitectónico, no es una operación
necesariamente más costosa que una construcción nueva sobre una infraestructura
existente o, incluso, que la construcción de un conjunto en un lugar no urbanizado.
Conviene, pues, cuando se comparan los costes de estos tres procedimientos, cuyas
consecuencias sociales son diferentes, no omitir el coste social. En ello están
interesados no sólo los propietarios y los inquilinos, sino también los
artesanos, los comerciantes y los empresarios alojados en el lugar, que
aseguran la vida y el mantenimiento del barrio.
Para evitar que las leyes
del mercado se apliquen con todo su rigor en los barrios restaurados, lo que
tendría como efecto el desalojo de los habitantes incapaces de pagar la subida
de los alquileres, conviene que los poderes públicos intervengan para moderar
los mecanismos económicos como lo hacen siempre cuando se trata de alojamientos
sociales.
Las intervenciones
financieras pueden equilibrarse entre las primas a la restauración, acordadas
con los propietarios mediante la fijación de topes para los alquileres, y la asignación
de indemnizaciones de alojamiento a los inquilinos para rebajar, e incluso completar,
la diferencia entre los antiguos y los nuevos alquileres.
Con el fin de permitir a
la población participar en la elaboración de los programas, conviene darle los
elementos de apreciación de la situación, explicándole, por una parte, el valor
histórico y arquitectónico de los edificios que hay que conservar y, por otra, proporcionándole
todas las indicaciones sobre los realojamientos definitivos y temporales.
Esta participación es
tanto más importante cuanto que no se trata solamente de la restauración de
algunos monumentos privilegiados, sino de la rehabilitación de barrios completos.
Esta sensibilización
práctica hacia la cultura comporta un beneficio social considerable.
4.- La
conservación integrada exige una adaptación de las medidas legislativas y administrativas
Al haberse ido ampliando
progresivamente la noción de patrimonio arquitectónico, desde el monumento
histórico aislado a los conjuntos arquitectónicos urbanos y rurales, así como a
las aportaciones de épocas más recientes, una reforma profunda de la
legislación, acompañada de un reforzamiento de los medios administrativos,
constituye la condición previa para una actuación eficaz.
Esta reforma debe estar
guiada por la necesidad de coordinar la legislación referida a la ordenación
del territorio por una parte y la legislación referida a la protección del patrimonio
arquitectónico por otra.
Esta última debe dar una
nueva definición del patrimonio arquitectónico y de los objetivos de la conservación
integrada.
Además debe prever sobre
todo los procedimientos especiales en lo que concierne a:
-la designación y
delimitación de los conjuntos arquitectónicos;
-la delimitación de las
zonas periféricas de protección y las servidumbres de utilidad pública
previstas en ellas;
-la elaboración de
programas de conservación integrada y la inserción de las disposiciones
de estos programas en los planes de ordenación;
-la aprobación de los
proyectos y la autorización para ejecutar los trabajos. Por otro lado, el
legislador deberá adoptar las disposiciones necesarias con el fin:
-de redistribuir de una
manera equilibrada los créditos presupuestarios reservados a la ordenación
urbana y asignados respectivamente a la rehabilitación y a la construcción;
-de conceder a los
ciudadanos, que decidan rehabilitar un edificio antiguo, beneficios financieros
con medios equivalentes a los que recibirían en caso de una nueva construcción;
-de revisar, en función de
la nueva política de conservación integrada, el régimen de ayudas
financieras del Estado y de los demás poderes públicos.
En la medida de lo
posible, será necesario flexibilizar la aplicación de los reglamentos y
disposiciones correspondientes a la construcción, de forma que se satisfagan
las exigencias de la conservación integrada.
Con vistas a acrecentar la
capacidad operativa de los poderes públicos, se impone revisar la estructura de
la administración, de tal manera que los servicios responsables del patrimonio
arquitectónico sean organizados en los niveles apropiados y dotados de un personal
cualificado y suficiente, así como de los medios científicos, técnicos y
financieros indispensables.
Estos servicios deberían
ayudar a las autoridades locales, cooperar con la ordenación del territorio y
mantener relaciones continuas con los organismos públicos y privados.
5.- La conservación
integrada requiere medios financieros apropiados
Es difícil definir una
política financiera aplicable a todos los países y evaluar las consecuencias de
las diferentes medidas que intervienen en los procesos de la planificación en
razón de sus repercusiones recíprocas.
Además, este proceso está
sometido a factores exteriores, como resultado de la estructura actual de la
sociedad.
Corresponde, pues, a cada
Estado poner a punto sus propios métodos e instrumentos de financiación.
No obstante, se puede establecer
con certeza que no existe casi ningún país en Europa en el que los medios
financieros destinados a la conservación sean suficientes.
Además, parece que ningún
país europeo ha concebido aún el mecanismo administrativo perfectamente a punto
para responder a las exigencias económicas de una política de conservación
integrada.
Para llegar a resolver los
problemas económicos de la conservación integrada es necesario -y es
éste un factor determinante- que sea elaborada una legislación que someta las
nuevas construcciones a ciertas restricciones en lo que concierne a los
volúmenes (altura, coeficiente de utilización de los suelos) y favorezca una
inserción armoniosa.
Los reglamentos de
planificación deberán no fomentar la densificación y promover la rehabilitación
antes que una renovación tras la demolición.
Es necesario concebir
métodos que permitan evaluar los costes suplementarios impuestos por los
imperativos de los programas de conservación. En la medida de lo posible será necesario
disponer de los medios financieros suficientes para ayudar a los propietarios, que
tengan que llevar a cabo trabajos de restauración, a soportar las cargas
adicionales que les habrán sido impuestas.
Si para hacer frente a los
costes adicionales se acepta una ayuda semejante, será necesario naturalmente
velar para que esta ventaja no se vea amenazada por los impuestos.
Interesa aplicar este
mismo principio en beneficio de la rehabilitación de conjuntos degradados de
interés histórico o arquitectónico, lo que permitirá restablecer el equilibrio social.
Las ventajas financieras y
fiscales actualmente otorgadas a las nuevas construcciones deberían ser
concedidas en las mismas proporciones para el mantenimiento y conservación de
los edificios antiguos, después de deducir el coste adicional eventualmente desembolsado.
Los poderes públicos
deberían potenciar o estimular la creación de fondos de operaciones que
proporcionen la liquidez necesaria a las colectividades locales y a las asociaciones
sin finalidad lucrativa. Esto conviene muy especialmente a las zonas donde la financiación
de determinado programa, a corto o a largo plazo, podrá ser asegurada de manera
autónoma en razón de la plusvalía resultante de la fuerte demanda que se aplica
a las propiedades que tienen tal incentivo.
Sin embargo, es
fundamental estimular todos los recursos de financiación privados, especialmente
de origen industrial. En efecto, numerosas iniciativas privadas han demostrado
el papel positivo que pueden jugar en asociación con los poderes públicos, tanto
a nivel nacional como local.
6.- La
conservación integrada requiere una promoción de los métodos, técnicas y competencias
profesionales vinculadas a la restauración y a la rehabilitación.
Los métodos y técnicas de
restauración y rehabilitación de edificios y conjuntos históricos deberían ser
mejor aprovechados y ampliados.
Las técnicas
especializadas, puestas a punto con ocasión de la restauración de conjuntos
históricos importantes, deberían ser ya utilizadas para la amplia gama de
edificios y conjuntos que presentan un interés artístico menor.
Hay que procurar que los
materiales tradicionales de construcción estén siempre disponibles y que las
artes y las técnicas tradicionales sigan siendo aplicadas.
El mantenimiento
permanente del patrimonio arquitectónico permitirá, a largo plazo, evitar
costosas operaciones de rehabilitación.
Todo programa de
rehabilitación deberá ser estudiado a fondo antes de su ejecución y conviene, a
la vez, reunir una documentación completa sobre los materiales y técnicas y proceder
a un análisis de los costes. Esta documentación deberá ser recogida en los
centros
apropiados.
Los materiales y técnicas
nuevas no deberán ser aplicados hasta haber obtenido la aprobación de
instituciones científicas neutrales.
Será necesario emprender
investigaciones para establecer un catálogo de los métodos y técnicas
utilizadas y crear para este fin instituciones científicas que deberán cooperar
estrechamente entre sí. Este catálogo deberá ser comunicado a todos los
interesados, lo que favorecerá la reforma de las prácticas de restauración y
rehabilitación.
Es absolutamente necesario
disponer de mejores programas de formación de personal cualificado. Estos
programas deberán ser flexibles, pluridisciplinares y comprender una enseñanza
que permita adquirir una experiencia práctica sobre el terreno.
El intercambio
internacional de conocimientos, experiencias y prácticas es un elemento
esencial en la formación de todo el personal interesado.
Debería ser así más fácil
disponer de los urbanistas, arquitectos, técnicos y artesanos necesarios para
preparar los programas de conservación y asegurar la promoción de los oficios
artesanales que intervienen en el trabajo de restauración y que están amenazados
de desaparecer.
Las posibilidades de
cualificación, las condiciones de trabajo, las remuneraciones, la seguridad del
empleo y la posición social deberían ser suficientemente atractivas para incitar
a los jóvenes a interesarse por las disciplinas que tienen una relación con la restauración
y a permanecer en el ámbito de esta actividad.
Además, las autoridades
responsables de los programas de enseñanza a todos los niveles deberán
esforzarse en interesar a la juventud en los oficios de la conservación.
